En un entorno nacionalista y en medio de la peor crisis sanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, el Estado mexicano no sólo se estanca, sino que retrocede en la mayoría de sus compromisos adquiridos bajo el Plan de Acción de Brasil, de acuerdo con el informe “El Plan de Acción Brasil: Avances 2017-2020”.

Organizaciones unidas bajo el Grupo Articulador México (GAM-PAB), advierten que, si el Gobierno desea ser congruente con su discurso y compromisos asumidos en los foros internacionales, debe abandonar su visión de la migración desde la seguridad nacional y la detención.

Ver también: Situación de los derechos humanos de las personas en movilidad humana en México y el Norte de Centroamérica (2020)

En 2014, México adoptó la Declaración del Plan de Acción de Brasil con una vigencia de diez años, bajo el cual se comprometió a mejorar los procesos de acogida y protección mediante los cuales atiende la movilidad humana. Entre las acciones a seguir, se incluyeron:

• Implementar el Plan de Acción durante los diez años siguientes.
• Continuar fortaleciendo su órgano de determinación de la condición de refugiado, lo que incluye asignar mayores recursos, reforzar su presencia en fronteras y/o puntos de internación, capacitar a su personal y establecer canales de cooperación regional.
• Garantizar el acceso al procedimiento de asilo, atendiendo situaciones de vulnerabilidad, en particular el interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA) acompañados y no acompañados.
• Adoptar medidas alternativas a la detención, en especial para NNA.
• Garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y laborales, de forma que facilite la integración.
• Erradicar la apatridia.

De 2017 a 2020, hemos encontrado que persisten vicios que afectan los derechos de las personas solicitantes de asilo como acceso al debido proceso, representación legal, no discriminación, determinación del interés superior de la niñez, garantía de audiencia para quienes están en detención y el acceso a la justicia para las personas en situación de movilidad.

Personas refugiadas manifiestan de manera continua las dificultades para acceder a derechos económicos, sociales y culturales, tanto en zonas fronterizas como en el centro del país. Ni la administración de Enrique Peña Nieto, ni la del presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsaron programas sociales que velen por su integración. 

Ver también: “En la Boca del Lobo”: Informe de investigación (2020)

Por otra parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no cuenta con los recursos materiales ni humanos para atender a toda la población. La partida para la agencia en el presupuesto de egresos disminuyó en un 15% para 2021, lo que dificulta que sus oficiales detecten necesidades de protección. 

Sin embargo, el modelo de asilo mexicano prácticamente exige que la COMAR esté presente en todos lados, o de lo contrario no se garantiza el acceso al asilo. Esto se ve en los aeropuertos, donde el INM devuelve (y extorsiona a veces) a personas con claras necesidades de protección internacional.

“Vemos como problemática que muchas personas no acceden al procedimiento, sobre todo en aeropuertos. También vemos que el INM, lejos de garantizar, más bien desincentiva a las personas que buscan acceder al procedimiento”, dijo Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México.

En su campaña, el presidente López Obrador hizo alarde de un cambio de política migratoria hacia un enfoque de derechos. Pero la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos frenó en seco las buenas intenciones de la nueva administración.

La mayor decepción respecto al gobierno actual es que continúa la detención migratoria como regla: se han abierto nuevos centros de detención en el país, y las condiciones siguen siendo vejatorias. Antes de la pandemia, la política de detención había llevado a exceder el cupo en las estaciones migratorias, lo que derivó en incidentes como motines, incendios y defunciones de personas detenidas.

Ver también: Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas (2020)

Pese a las dificultades que presenta el cierre de 2020, también se abren oportunidades principalmente en los temas de alternativas a la detención; nuevas disposiciones en torno a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, y el uso de nuevas tecnologías de información en los procedimientos de asilo.

Las organizaciones de la sociedad civil ven urgente, entre otras propuestas:

• Hacer una reforma integral de asilo para eliminar la detención migratoria para personas solicitantes de asilo.
• Capacitar a oficiales del INM sobre detección de necesidades de protección; que les sea obligatorio aplicar los protocolos; mecanismos de sanción para quienes nieguen información o amedrenten a las personas que deseen solicitar asilo.
• Establecer mecanismos efectivos y rápidos que evalúen la viabilidad de reunificar al NNA con algún familiar en México o en EEUU.

Con tres años por delante, estamos a tiempo de cambiar el curso. Para nuestra generación, las circunstancias jamás fueron más apremiantes.

El presente informe de seguimiento al Plan de Acción de Brasil (GAM-PAB) es un segundo esfuerzo de evaluación trianual a cargo de Asylum Access México (AAMX), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Programa Casa Refugiados, Sin Fronteras, Coalición Internacional contra la Detención (IDC, siglas en inglés), y FM4.

Da click aquí para ver el informe “El Plan de Acción Brasil: Avances 2017-2020”.