AAMX alcanza una victoria legal para una persona solicitante de asilo con discapacidad intelectual

El equipo de Litigio Estratégico de Asylum Access México logró una importante suspensión dentro de un juicio de amparo a favor de una persona solicitante de asilo con discapacidad intelectual que no tuvo acceso a su derecho a la salud. La persona, originaria de Nicaragua, solicitó asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula, Chiapas.

En agosto de 2020, la persona abandonó Chiapas porque empezó a recibir amenazas de pandillas en la frontera. En medio de la pandemia, y para salvaguardar su vida, la persona viajó a Tijuana. En su trayecto, enfermó de COVID-19 y estuvo internada en un centro de psiquiatría.

Pese a la situación de la persona, la COMAR dio como abandonado el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado debido a que salió del estado donde inició su procedimiento.

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En un juicio de amparo, el equipo de Litigio Estratégico de Asylum Access México alegó que COMAR se equivocó al no tomar en cuenta la situación de salud de la persona, ya que es obligación de la institución evaluar las vulnerabilidades de las personas que solicitan asilo en el país. Por ello, el equipo señaló la inconstitucionalidad de los artículos 24 y 25 del reglamento de la Ley de Refugiados, la cual indica que las personas no pueden salir del estado en que solicitan asilo porque se dará como abandonado el proceso.

En marzo de 2021, el juez emitió una suspensión que ordena a COMAR hacer las gestiones necesarias para que la persona reciba todas las atenciones de salud mental y física durante la tramitación del juicio. Aunque se le haya negado la reapertura del procedimiento, la persona conserva la condición de solicitante de asilo y los derechos que ello implica.

Aún no se dicta sentencia en este juicio de amparo, pero el juez ordenó que, de forma inmediata, se restituya la omisión de COMAR de garantizar el acceso a la salud.

Desde Asylum Access México celebramos esta resolución, que permitirá a las jueces hacer justicia pronta en casos donde se han violado derechos humanos de personas solicitantes de asilo.

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