Este lunes, organizaciones y redes de la sociedad civil, que trabajan con población migrante y solicitante de asilo en México, entregaron a la Embajada de Estados Unidos una carta dirigida a la Vicepresidenta Kamala Harris, quien estará de visita en nuestro país el próximo 8 de junio y sostendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su gira de trabajo en la región, para tratar temas relativos a la migración, el desarrollo, la cooperación frente a la pandemia y la seguridad.

La carta detalla diversas propuestas para construir políticas migratorias regionales centradas en la protección de las personas, que incluyan a la sociedad civil y a las personas migrantes, refugiadas, indígenas, LGBTIQ+ y afrodescendiente directamente afectadas por las políticas de la región. 

Entre las propuestas se destaca: el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y de todo el sistema de protección e integración en México, como el sistema de bienestar de la niñez para garantizar la no detención de niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias; la eliminación de las expulsiones bajo Título 42 e internación a Estados Unidos de la población que estuvo sujeta al Protocolo “Quédate en México”; el apoyo a la integración segura de las personas migrantes retornadas; reformas a los programas de trabajo temporal que eliminen prácticas de mano de obra barata y condiciones precarias laborales, y garantizar el acceso a la justicia para la población migrante víctima de delitos.

“Los Estados tienen la oportunidad de construir políticas migratorias centradas en la protección de las personas migrantes que les permitan decidir en libertad migrar o no. Si salen de su país, garantizar un tránsito libre de violencia, oportunidades laborales justas y regularización migratoria. Debemos transitar de la contención migratoria a la protección. Para la población solicitante de asilo, quienes no tienen otra opción, se deben garantizar procesos justos y sistemas de asilo fortalecidos que les permitan esperar el proceso en libertad y en el lugar donde se sientan seguras”.

La región Centroamérica-México-Estados Unidos tiene décadas en proceso de integración, no sólo a través de acuerdos de cooperación comerciales, sino también, a través de la interacción de millones de familias transnacionales, quienes contribuyen al desarrollo económico, social y cultural. Tan sólo en Centroamérica las remesas representan entre el 15 y 23% de su Producto Interno Bruto; en Estados Unidos viven más de 11 millones de personas mexicanas, más del 20% de la población de El Salvador, aproximadamente 5% de personas de Guatemala y 7% de Honduras; y más de un millón de estadounidenses viven en México.

Como sociedad civil, redes y academia hemos documentado los costos humanos de las políticas de restricción y contención. A la par, hemos insistido en la necesidad de reconocer que la falta de regularización migratoria en Estados Unidos, la falta de protecciones para personas con visas de trabajo y protección en México, y las deportaciones desde ambos países, exponen a las familias a grupos criminales de traficantes que trabajan en colusión con las autoridades, generando millones de dólares al año y exponiendo a las personas a extorsiones, secuestros y otros delitos violentos. De centrar las acciones en la protección de las personas y el desarrollo sustentable, los resultados positivos para los Estados y la población serán mayores.

Estados Unidos, México y Centroamérica tienen la oportunidad de gestionar la migración diferente, con respuestas humanitarias, reconociendo los derechos de las familias, mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que buscan protección internacional, oportunidades laborales para sobrevivir o reunificación familiar. Así como atendiendo las causas de la migración, combatiendo la violencia y la corrupción, fortaleciendo sus sistemas de justicia y generando medidas efectivas para mitigar los efectos del cambio climático.

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